Hoy se vive en la Ciudad una jornada histórica que quedará en la memoria de varias generaciones de mujeres, y porque no, también de hombres, ya que es un tema que compete a toda la sociedad por igual.
En la Cámara de Diputados, faltando veinte minutos para llegar al mediodía, comenzó la sesión para debatir la posibilidad de que el aborto se realice de formal legal, segura y gratuita; con una cantidad de votos muy pareja. Mientras que afuera del recinto, una multitud de personas (tanto a favor como en contra de la Lay) hacen una vigilia y esperan el resultado.
Según una nota publicada por el portal porteño ” Parlamentario.com”, se estima que el debate, uno de los más importantes desde el retorno de la democracia, durará alrededor de 20 horas y la sesión culminará en la mañana del jueves. El proyecto reúne 127 votos en contra y 125 a favor, de acuerdo con el sondeo realizado por el mencionado medio.
Además, resta conocer la postura de dos indefinidos: el tucumano Facundo Garretón (Pro) y el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, quien deberá terciar en caso de empate. Hay además dos abstenciones, de José Riccardo (UCR) y Alejandra Vigo (Córdoba Federal).
Arrancó el debate como miembro informante el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, quien aclaró que la discusión “no se trata de salvar las dos vidas, se trata de salvar miles de vidas”.
“La legalización del aborto mejora la calidad de vida de las mujeres argentinas y creo que a partir de ahí no debe haber ninguna duda hacia dónde tiene que estar nuestro voto”, señaló. Asimismo, afirmó que “no hay ningún artículo de nuestra Constitución que prohíba la legalización del aborto” y que desde el Comité de Derechos Humanos de la ONU “nunca se le dijo a ningún Estado miembro de la ONU que la interrupción voluntaria del embarazo violaba una convención internacional”. Y añadió que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos “el embrión no puede ser considerado persona”.
Desde la otra vereda, pero también en el oficialismo, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, aseguró que el proyecto en discusión “no promueve ninguna política; la única que se promueve es la de la muerte, no hay otra. Hablan de miles y miles de vidas que se van a salvar. Y las miles y miles que no van a poder iniciar siquiera, ¿qué va a pasar con ellas? ¿O tenemos que pensar que ese ser que está naciendo no es persona?”, se preguntó.
“Hemos visto que en algunos países en donde esta práctica se ha implementado, se ha utilizado esto en contra de las personas con discapacidad”, señaló, advirtiendo que “vamos a seleccionar seres humanos”, alertando sobre la potestad de establecer quiénes tienen derecho o no a nacer, “porque este proyecto lo habilita”.
La presidenta de la Comisión de Familia, Alejandra Martínez (UCR-Jujuy), fue otra de los miembros informantes en el histórico debate sobre el aborto y destacó que “esto se trata de una problemática de salud pública”. A su juicio, la manera de bajar la cantidad de abortos “es la despenalización”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Salud, Carmen Polledo, quien rechaza la interrupción voluntaria del embarazo, aseguró que “legalizar el aborto no es el único camino a tomar para evitar muertes de las mujeres”.
Desde el kirchnerismo, Mónica Macha sostuvo que “no importa lo que hacemos nosotros ni lo que creemos religiosamente; importa sí que esto implica la muerte de muchísimas mujeres en la Argentina todos los años y que de no legalizar el aborto esas muertes se van a seguir produciendo”. Agregó que “importa también que nos podamos ubicar como un Estado laico, que es lo que somos, y entonces pensar que las distintas creencias religiosas son parte de nuestra cultura y para muchas personas pueden ser discurso e instituciones fundamentales, pero no lo son para todos y para todas”.
La iniciativa tiene como eje el texto original presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, pero se consensuaron modificaciones a fin de seducir a los indecisos.
El punto principal, que permaneció inalterable, consiste en permitir el aborto a simple demanda hasta la semana 14, y superado ese plazo, se habilita la práctica en casos de violación, riesgo para la vida o la salud de la gestante, o si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.
Además, se incorporó la objeción de conciencia individual; se agregó la creación de consejerías integrales no obligatorias pre y post aborto; y en el caso de las menores de 16 años se remite al artículo 26 del Código Civil, donde se presume que la mujer “tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física”.
Otro punto importante del dictamen es que se sanciona con pena de prisión de entre tres y diez años al médico que obre sin consentimiento de la mujer; y con penas de entre tres meses y un año si realiza el aborto a partir de la semana 15, sin consentimiento de la gestante -salvo si se verifica alguna de las causales antes citadas-.