El gobierno nacional decidió dar de baja un centenar de concesiones de predios ubicados en terrenos ferroviarios que hasta hoy son explotados por empresas privadas y organizaciones deportivas.
Entre los emprendimientos afectados por esta resolución se encuentra el Distrito Arcos, el último shopping construido por el grupo IRSA, que en 2014 ya tuvo que superar una ardua batalla legal para poder abrir sus puertas: su apertura se demoró varios meses y recién se produjo en diciembre pasado.
La medida es llamativa y sorprendió a los propietarios del centro comercial ubicado en avenidaJuan B. Justo entre Santa Fe y Paraguay, quienes habían recibido el aval oficial para usar esos terrenos por un plazo de 25 años.
Según un documento enviado por IRSA a la Bolsa de Comercio -detalla El Cronista-, el Estado Nacional abrió un expediente para la revocación del convenio firmado. Esto pone en riesgo la continuidad de un emprendimiento que demandó una inversión total de u$s 60 millones.
Los dueños de Distrito Arcos ya tuvieron que lidiar con 60 locatarios que, con todo listo para abrir, debieron esperar un año a puertas cerradas por una orden judicial
Nicolás Stulberg
La intención del gobierno nacional es liberar tierras fiscales que pertenecen a los ferrocarriles para destinarlas a planes de viviendas. En ese marco el Estado pretende revocar también los permisos de explotación de locales comerciales de importantes marcas como la madereraSacheco, Pinturerías Rex, Blaisten y terrenos del Club Ferrocarril Oeste.
IRSA, que opera el shopping mediante su controlada Arcos Gourmet (concesionaria de los terrenos en litigio), aclaró que la medida no fue tomada “por incumplimiento” y explicó que “a la fecha no ha implicado la interrupción de la explotación comercial ni del funcionamiento del aludido centro comercial que sigue operando con total normalidad”.
Claro que la decisión oficial podría tener efecto próximamente; por eso, ahora se iniciará una etapa de renegociación y el grupo adelantó que presentará recursos administrativos y judiciales para resguardar sus derechos y “los de los consumidores de bienes y servicios brindados por la sociedad”.